Pedido de juicio en la causa de exfuncionarios y sus entornos
En un frondoso documento que tiene 355 fojas, la fiscalía federal que tiene al frente a Patricio Sabadini remitió a la jueza Zunilda Niremperger la solicitud para que se eleve a juicio la causa que se conoce coloquialmente como ‘Lavado I‘ que tiene a los exfuncionarios Horacio Rey y Roberto Lugo al mando de estructuras verticales para crear empresas a las que luego favorecerían con las compras que realiza el Estado como también con la contratación de pautas publicitarias, las que hacían un retorno hacia ellos.
‘Los imputados habrían conformado una organización ilícita de carácter estable y permanente, que operó desde las altas esferas del Gobierno de la Provincia del Chaco, creando una matriz de corrupción y favorecimiento para la comisión de reiterados delitos contra la administración pública provincial con enormes ganancias ilícitas‘, señala el inicio del escrito del representante del ministerio público.
Rey y Lugo fueron el primer eslabón de una cadena de detenciones que se inició a mediados de marzo de 2018 por orden de la justicia provincial con posterior imputación en la causa por el fideicomiso que administraba pautas publicitarias luego de que días antes la esfera nacional remitiera la documentación para que se investiguen los llamados ‘delitos precedentes‘ entre los que están la evasión y el fraude a la administración pública.
Hoy, a 30 meses de aquellos hechos que causaron un revuelo político (Rey era la mano derecha del exgobernador Peppo y Lugo ya había sido denunciado por Rolando Núñez cuando estuvo al frente de la Fundación Nelson Mandela) ninguno de los imputados aguardará el juicio con prisión efectiva, quien no se encuentra con detención domiciliaria esperará el debate en libertad.
‘Del plexo probatorio surge que los imputados habrían conformado un una organización ilícita de carácter estable y permanente cuyos ingresos que fueron aplicadas posteriormente a la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas‘, agrega el fiscal.Si bien Rey y Lugo tenían cargos cuando fueron detenidos el supuesto fraude a la administración pública que determinaría el fuero provincial como base para el lavado de activos no tienen la misma temporalidad.
El primero habría cometido los ilícitos mientras ejercía la función mientras que el exdirigente de la Cámara de Comercio lo habría realizado cuando estuvo al frente del Ministerio Desarrollo Social. Lo que los une en lo que investiga Sabadini es la pasión de ambos por la pesca que los habría llevado a la adquisición de numerosas embarcaciones a través de tercera personas con el producto de lo que sería la actividad ilícita.
El delito de lavado de activos en concurso real es la acusación que abarca a gran parte de los imputados prevé una pena de tres a 10 años de prisión y una multa de dos a diez veces del monto de la operación, para el que ‘convirtiere o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal‘, En los próximos días la magistrada deberá definir si mantiene lo solicitado por el fiscal o bien seguirá el circuito para el juicio oral con modificaciones en la calificación legal.
Horacio Rey tiene a su esposa y su cuñado entre los investigados, en el caso de Lugo llega más lejos, también tiene a su pareja, la hermana de esta última su suegra y la pesquisa llegó también hasta quien oficiaba de su mano derecha Ariel Retamozo y que incluso ocupó un cargo cuando el exsupermercadista fue ministro de Desarrollo Social.
Para los imputados en los que no existe ni consanguinidad ni parentesco político, la acusación llega también por su participación en las empresas para aprovecharse del Estado o por su acción dentro de un estamento público.
“Como consecuencia del examen de las operaciones celebradas con intervención de personas físicas y jurídicas vinculadas a Roberto Lugo, podría afirmarse que el esquema de reciclaje dinerario y lavado de activos planteado por la presunta organización criminal investigada, se habría diversificado principalmente a la adquisición de embarcaciones, vehículos y otros bienes muebles registrables, operaciones inmobiliarias, como así la inyección de dinero en efectivo”, señala el escrito.