Los siete hechos expuestos por los fiscales para pedir la detención del juez Aranda
Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron a la jueza federal N° 1, Zunilda Niremperger, que libre la orden de detención para el conjuez Miguel Aranda y tres gendarmes. Esto se da en el marco de la causa conocida como «Clan Sosa» que investiga lavado de dinero y narcotráfico.
Para realizar este pedido, el fiscal Federal de Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias; el Fiscal General, Federico Carniel; el Fiscal Federal de la Fiscalía de Sáenz Peña, Carlos Amad y el Fiscal Federal de la Fiscalía de Resistencia, Patricio Sabadani, enumeraron una serie de hechos que respalda su decisión.
El primero de los mencionados ocurrió el 20 de agosto de 2020, según el escrito de los fiscales, cuando el sargento Diego Martín Dutra constató un faltante de mercadería secuestrada en el Escuadrón N° 1 «Sáenz Peña» y se lo comunicó al segundo comandante Raúl Scheurman. «Este último, no solo no informó a las autoridades judiciales del faltante, al igual que su par, sino que le manifestó a Dutra que a su vuelta solucionaría la cuestión y conseguiría los recaudos judiciales necesarios para ocultar el faltante de mercadería secuestrada bajo la custodia de la Unidad de la que éstos formaban parte», detalla el documento.
«Ya el viernes vuelvo y lo manejo al tema así se quema y chau tanto para conseguir el oficio», respondió Scheurman a su par Dutra.
Para eso se valieron, siempre según el oficio de la Fiscalía Federal, de oficios judiciales que ordenaron la quema de cigarrillos secuestrados y la donación de mercadería de origen extranjero secuestrada. Algo de lo que, aseguran, el juez Aranda tenía conocimiento.
«Para la quema o disposición final de secuestros, en este caso serían cigarrillos y posiblemente mercadería de origen extranjero, se requiere un relevamiento de los secuestros y su concordancia con las actas en las que fueron decomisados, y no un mero acto decisional», describen los fiscales deduciendo de esta manera se vislumbra un «vínculo entre quien tenía la decisión final en cuanto a la quema o donación de mercadería secuestrada, es decir el Juez Federal Aranda (en la jurisdicción en cuestión), y el Sr. Scheurman».
POSIBLE FAVORECIMIENTO A LA FAMILIA DE ARANDA
El 12 de junio de 2020, los gendarmes Cristian Daniel Marangón, Raúl Scheurman, Enzo Gabriel Aguirre, Marcelo Vidal Palma «dejaron sin efecto un acta de infracción, pasando por alto la Directiva de Gendarmería Nacional que establece los pasos a seguir para la anulación de un acta de la CNRT, y precisa, que la anulación es un acto exclusivo del Poder Judicial. Ello, con la anuencia del Juez Federal Aranda y en interés del mismo y su círculo familiar», acusó la Fiscalía Federal.
Esto, consideraron, fue «en claro favorecimiento a la familia del Juez Aranda» ya que el camión en infracción le pertenece a la cuñada del magistrado. «Lo realizado por los miembros de la fuerza de seguridad en cuestión, no fue un acto de altruismo, sino que, mediante este tipo de acciones, intercambiaban favores con el Juez Aranda, quien les brindaba protección», acusaron.
IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS
El oficio presentado por los fiscales, menciona dos resoluciones, del 20 de diciembre de 2021 y del 6 de abril de 2022 donde se «resolvió la situación procesal con indulgencia deliberada y sin fundamentación, a uno de sus «laderos» en los distintos procedimientos traídos a investigación, Cristian Daniel Marngón».
Detallan que el 20 de diciembre Aranda dictó un auto de procesamiento con prisión preventiva contra cinco de los ocho encausados y dictó falta de mérito respecto de los tres restantes: Cristian Daniel Marangón, Julio Cesar Perdaza y Yésica Yanina Aguilar. Esto fue anulado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia el 22 de marzo de 2022 y ordenó al juez que dicte un nuevo pronunciamiento.
El nuevo pronunciamiento fue el 6 de abril de 2022 en el que persistió con el auto de procesamiento y falta de mérito. El 14 de junio la Cámara de Apelaciones hizo lugar a una apelación interpuesta por el Ministerio Público Fiscal y declaró la nulidad parcial del auto impugnado.
Finalmente, el 14 de junio de 2022, la decisión tomada por la Alzada fue la de declarar la nulidad de la falta de mérito sobre Marangón y Perdaza y decidió apartar al juez Miguel Aranda.
Ante esto, los fiscales consideran que «el Juez Federal Miguel Aranda, valiéndose de su condición de magistrado, ha favorecido procesalmente uno de sus subordinados en la organización».
En esta misma línea, en otro de los hechos se habla de una «presunta concesión de beneficios de excarcelación y de prisión domiciliaria» a cambio de un «pago». Esto deviene de las declaraciones de un hombre que se encontraba preso en una causa relacionada a la posesión de estupefacientes.
Este hombre declaró que obtuvo la prisión domiciliaria y en ese contexto, el 18 de junio de este año, sufrió «abuso de autoridad e intento de cobro compulsivo». Según el informe de los fiscales, el hombre declaró que, tras su salida de la cárcel, un gendarme apodado «Talibán», quien sería Walter Darío Ayala y una mujer «uniformada de la Policía del Chaco» habrían ido a su casa en nombre de Aranda a exigirle un pago por la obtención de la prisión domiciliaria que le habría sido otorgada días antes.
Según se detalla, la situación se tornó violenta con la presencia de un arma de fuego y un disparo al suelo.
En este contexto, se presume que Walter Ayala, sería la persona señalada por el testigo y también «tendría contactos con miembros de la justicia, personal de la Unidad Penal 11, el jefe de legales, y con otras fuerzas de seguridad».
Sumado a esto, el informe de los fiscales menciona una la presunta concesión de beneficios de excarcelación y de prisión domiciliaria por parte del juez Aranda, destacando que los imputados «beneficiados» por este supuesto accionar, presentaban los mismos abogados defensores. Sin embargo, se señala que esto se encuentra pendiente de verificación.
FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN
Los fiscales mencionan también una presunta filtración de información judicial en una causa contra Ana María Flamenco, en ese contexto, habrían puesto en sobre aviso a los investigados frustrando el resultado y finalidad de los procedimientos de allanamiento, facilitando la fuga de los investigados.
Esto se habría dado en allanamientos realizados el 28 de abril de 2022, 23 de septiembre de 2022, 26 de septiembre de 2022 en Sáenz Peña.
En los allanamientos del 28 de abril había orden de detención de Flamenco Ana María, Sosa Ariel Alberto, Lía Vanesa Ruth Paz, Mariela Alejandra Sosa, Sergio Omar Fernández, Lucas Matías Sosa y Hugo Sebastián Sosa, solicitados por Aranda. «Los imputados contaron con información privilegiada que les permitió sustraerse de la acción de la justicia antes de concretarse los allanamientos, el único que permaneció el su domicilio fue Lucas Sosa, circunstancia que permite inferir que tenía conocimiento de que se habían efectuado los libramientos sin ordenarse su detención», afirma el oficio.
El 23 de septiembre la orden de allanamiento incluía la detención de Mauro Hernán Pacheco y Hernán Eduardo Acosta. Respecto a esto, afirman que «en estos allanamientos nuevamente no fueron habidas las personas que tenían pedido de detención, quienes se habrían encontrado alertadas de ante mano sobre los procedimientos».
Finalmente, en los allanamientos concretados el 26 de septiembre, el pedido de detención recaía sobre Daiana María Belén Forlin Duran y de Iris Marisa Fernández, considerando la posible vinculación con los investigados y la intención de obstruir la justicia. Los fiscales detallaron: «Las sindicadas fueron habidas al momento de los allanamiento, encontrándose una de ellas en el trabajo y la otra en su domicilio, la situación irregular constatada en este caso fue que, durante la vigilancia previa dispuesta por la Fiscalía en el domicilio de Puerta del Sol a cargo de la UNIPROJUD, fuerza de seguridad interviniente en la causa, se observó que personas del GOIP, dependiente de Gendarmería Nacional, se encontraban en el lugar aparentemente tomando fotografías y que al ser identificados, se retiraron».
POSIBLE ASOCIACIÓN ILÍCITA
Los fiscales consideran, en el último punto del oficio, que Aranda conformaría una asociación ilícita junto a Cristian Daniel Marangón, Ana María Flamenco, Raúl Sheurman, Alberto Martín Farías, Martín Rafael Raimundo, Clarisa Daniela Galissier, Walter Darío Ayala y otras personas. Esto con la finalidad de brindar «protección» y beneficios procesales para el desarrollo de las actividades delictivas.
«Para cometer estos ilícitos Aranda se valdría de su condición de Conjuez a cargo nada menos que del Juzgado Federal de Saenz Peña, en el marco del cual lo denominan «El Jefe», y desde tal posición de jerarquía y poder articularía las conductas desplegadas por los demás imputados que bajo sus directivas», afirmaron en el oficio.
Por otra parte, «los integrantes de las fuerzas de seguridad imputados, eran los ejecutores de los planes ilícitos, para lo cual llevaban a cabo todo tipo de delitos necesarios para la obtención de los beneficios que favorecerían a todos, ya sea para reducir secuestros, conseguir prisiones domiciliaras, liberar caminos o rutas por donde pasaba mercadería sin los correspondientes.