La Justicia norteamericana emitió un fallo que ordena a Argentina pagar US$140 millones a un fondo buitre
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska le ordenó hoy al país pagar US$ 142 millones a los bonistas que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda que lanzó el país.
Mientras se espera una resolución en el juicio por la expropiación de YPF, la jueza de Nueva York Loretta Preska emitió un fallo en contra de la Argentina en un reclamo realizado por fondos buitres que aún no han cobrado los bonos que cayeron en default en 2001.
La magistrada falló a favor de los fondos Bybrook Capital Master y Bybrook Capital Hazelton, quienes ahora se convirtieron en acreedores de US$ 142 millones, según la sentencia de primera instancia.
El fallo no es una sorpresa para el Gobierno argentino, que, si bien podría apelar, es poco probable que lo haga debido a la casi segura derrota en una instancia superior. Argentina no ha cumplido con sus obligaciones de pago desde el default de 2001, lo que llevó a tres reestructuraciones de deuda en 2005, 2010 y 2016, en las que más del 90% de los acreedores aceptaron los canjes propuestos. Sin embargo, siempre quedan algunos litigantes que optan por no participar en estos acuerdos y continúan con sus demandas.
Una fuente cercana a las cortes internacionales explicó que estos fondos prefieren esperar por condenas que se dilaten en el tiempo, ya que, en ese proceso, acumulan intereses. Sin embargo, para Argentina, la resolución de la jueza Preska podría representar una ventaja a largo plazo.
El motivo es que, mientras no haya una sentencia definitiva, el país debe pagar intereses sobre los bonos en default a una tasa anual del 9%.
Sin embargo, una vez que se dicta una sentencia, como ocurrió ahora, la tasa de interés se reduce a la de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a dos años, que actualmente ronda el 4%. Esto significa que, aunque el fallo sea adverso, Argentina podría enfrentar una carga financiera menor en el tiempo.
Los demandantes, por su parte, tienen varias opciones a su disposición. La más probable es que intenten embargar activos argentinos en Estados Unidos para cobrar la sentencia, un camino que han seguido otros fondos en el caso de la expropiación de YPF, aunque hasta ahora sin éxito.
Otra posibilidad sería que los fondos esperen a que Argentina les ofrezca algún tipo de acuerdo, especialmente considerando que la cifra en cuestión es relativamente pequeña en comparación con el monto total de la deuda en default, y que saldarla podría cerrar un frente judicial importante.
Sin embargo, cualquier acuerdo requeriría la aprobación del Congreso, lo que podría ser políticamente incómodo para el gobierno, especialmente en un contexto de ajuste económico interno. Aún así, la resolución del caso representa un avance en una de las muchas demandas pendientes contra Argentina en los tribunales internacionales.