La Justicia acorrala a Bolsonaro: la Fiscalía lo acusa de liderar un golpe de Estado
La tormenta política en Brasil alcanzó un nuevo punto de tensión con la denuncia formal contra el expresidente Jair Bolsonaro. La Fiscalía General lo acusó de liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022, en un intento por impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva . Junto a él, fueron señalados el exministro y general Walter Braga Netto y otras 32 personas involucradas en los hechos del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes atacaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia.
El fiscal general Paulo Gonet afirmó que Bolsonaro encabezó una organización criminal con el objetivo de subvertir el orden democrático. Según la acusación, el expresidente cometió los delitos de organización criminal armada, golpe de Estado, tentativa de abolición del Estado democrático de derecho y daños calificados. Ahora, la denuncia será evaluada por el Supremo Tribunal Federal, que ya condenó a casi 400 personas por el violento asalto a las sedes gubernamentales.
La acusación formal convierte a Bolsonaro en el primer exmandatario brasileño señalado judicialmente por intentar derrocar a su sucesor. De prosperar el proceso, se abrirá una etapa de enjuiciamiento que podría derivar en su prisión. La Corte Suprema tiene la última palabra y deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar en el caso.
Braga Netto, estrecho aliado de Bolsonaro y su candidato a vicepresidente en 2022, enfrenta una situación aún más comprometida. A fines del año pasado, fue arrestado por sospechas de obstrucción a la justicia en la investigación sobre el intento de golpe de Estado. La detención se realizó en su residencia de Río de Janeiro, por orden del Supremo Tribunal, como parte de una ofensiva contra los responsables de la crisis institucional que sacudió al país.
Las investigaciones revelan que la trama golpista no solo buscaba evitar la asunción de Lula, sino que incluso contemplaba la posibilidad de un atentado contra el presidente, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, entonces titular del Tribunal Superior Electoral. Según la Policía Federal, la conspiración tenía ramificaciones dentro de las Fuerzas Armadas y sectores ultraderechistas.