Escándalo en San Martín: tras el video del abuso, hay dos policías detenidos y tres declaraciones claves
Esta mañana, un aberrante video fue difundido en redes sociales: un vecino kiosquero del barrio Las Palmeras, ubicado en la localidad de San Martín, filmó ayer por la noche a dos policías semi desnudos que habrían estado abusando sexualmente a una menor de 16 años dentro de un patrullero. Éstos, tras notar las luces de la cámara, soltaron rápidamente a la menor, encendieron el motor del vehículo y se fugaron.
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El video fue difundido horas más tarde, y se viralizó rápidamente. Desde entonces actuó inmediatamente el OCI -Organismo de Control Institucional- y dispuso verificar los cuadernos de registro de las guardias para lograr identificar a los dos efectivos implicados. Finalmente, los encontraron: sargento primero Rodolfo Ariel Luna (42) y agente Martín Pera (24) son los acusados.
Actuó de manera urgente la Fiscalía de Investigaciones N°2 de General San Martín, a cargo de Andrea Langellotti. En conjunto con las fuerzas policiales y, sin denuncia formal radicada aún, la fiscalía comenzó la búsqueda de la menor, su madre y el vecino que filmó el suceso.
Todos fueron identificados rápidamente. En compañía de Langellotti y la asesora legal de menores; la víctima y su madre se dirigieron hasta la División Atención de la Mujer para comenzar las actuaciones judiciales correspondientes.
Hecha la denuncia, estas tres personas prestaron declaración ante la fiscal desde las 13 hasta las 17, aproximadamente. Pero en ese lapso, ocurrió algo fundamental: la menor, tal cual lo hizo en el video, ratificó la veracidad de todos los hechos.
Con la carta principal ya sobre la mesa, la fiscal no dudó y finalmente pudo disponer la detención de Luna y Pera por lo que sería, en principio y según definiría Langellotti, una causa caratulada como «abuso sexual con acceso carnal». Los dos agentes acusados fueron alojados entonces en la comisaría Capitán Solari de Colonia Elisa, según confirmó el procurador general de la provincia, Jorge Canteros, a Diario Chaco.
De aquí en más, la situación judicial de los policías será ágil: en las próximas horas se les tomará las declaraciones de imputados en cuanto al expediente administrativo y luego desfilarán, «seguramente», hacia «una sanción expulsiva», según dijo Ricardo Urturi -director general de la OCI- a Ciudad TV.
En otro orden de cosas, Urturi había señalado esta mañana a Diario Chaco un dato a resaltar previo a las declaraciones testimoniales: según expresó, el vecino que filmó el hecho «es una especie de mano santa» y estuvo «toda la noche curando», por lo cual necesitaba «cinco horas de recuperación espiritual» para declarar.
Tras tomar conocimiento esta mañana de lo ocurrido, las máximas autoridades policiales y gubernamentales no tardaron en declarar públicamente al respecto: Ariel Acuña, jefe de la institución, señaló en diálogo con N9 Federal que se trató de «un hecho grave en el que lamentablemente los funcionarios que están encargados de hacer cumplir la ley la están violando, entonces es doblemente agravado». También pidió ayuda a la comunidad para esclarecer el hecho y solicitó que «velen» por una «Policía limpia y que esté al servicio de la sociedad, cumpliendo su función».
Algo similar hizo Alejandro Domínguez, jefe de prensa de la Policía, al expresar en A24: «Es algo que no nos enorgullece. Es una vergüenza y muy lamentable para lo que representa la institución».
Por su parte, la cara gubernamental de seguridad de la provincia, ministra Gloria Zalazar, afirmó con ímpetu: «Desde el Gobierno provincial no vamos a permitir estas acciones bajo ninguna circunstancia y se procederá con el máximo rigor de la ley, haciendo cumplir los protocolos vigentes. Los tiempos que corren no permiten el más mínimo margen para que se pueda siquiera sospechar de que un agente o una agente estén involucrados en hechos de esta naturaleza”.
Así las cosas, General San Martín vuelve a sumirse en el ojo de la tormenta judicial y social. Y es que hay que recordar que el pasado 11 de junio en el barrio Los Silos de esa localidad, una disputa entre policías y la comunidad aborigen culminó con Josué Lago, de 23 años, muerto por un disparo de bala. Por ello, cuatro policías habían sido detenidos y San Martín experimentó varios días de tensión y protestas desde ambos bandos. Semanas más tarde, los cuatro fueron liberados; pero la causa judicial aún continúa y apunta a Guillermo José Viñuela como el acusado más complicado.
Este sábado será un día clave para la causa que acusa a Pera y Luna. Esta vez, un video que hasta el momento parece no estar individualizado, complica de lleno la situación de ambos.