Descubrieron en Defensa gastos de $ 200 millones en equipamiento militar que nunca fue entregado
El ministro Petri ordenó auditorías para esclarecer el destino de los fondos y los bienes supuestamente adquiridos.
Irregularidades por un monto de 200 millones de pesos fueron descubiertas en el Ministerio de Defensa, lo que llevó a iniciar una investigación para determinar el destino de esos fondos y los bienes que se habrían comprado. La situación involucra contratos firmados durante la gestión de Cristina Kirchner para la adquisición de drones, aviones y remolcadores.
Según fuentes del Ministerio de Defensa, los contratos en cuestión se realizaron con empresas para proveer material militar y modernizar unidades, incluyendo el proyecto del Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA). Este proyecto, al que se destinaron 200 millones de pesos, pretendía desarrollar dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados, pero estos nunca se completaron. Además, se investiga la entrega de millones de dólares para el desarrollo de aviones Pampa y Pucará IA100 que tampoco fueron entregados.
En 2015, el Gobierno suscribió un convenio con el INVAP para desarrollar dos prototipos operativos de Sistemas Aéreos No Tripulados, con un plazo de entrega de siete años y un costo superior a los 2 mil millones de pesos. De esa suma, se abonaron 200 millones a través del Ministerio de Defensa, pero el contrato quedó pendiente en 2016. En noviembre de 2017, la cartera encabezada por Oscar Aguad solicitó un informe al INVAP sobre el avance del contrato SARA y sus costos detallados.
El ministro Petri, en declaraciones a El Observador, mencionó que se había celebrado un convenio con el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), gestionado por dirigentes de Juan Grabois. «Se habían pagado más de 20 millones de dólares de un contrato de 34 millones de dólares cuando el contrato se había dado de baja», afirmó Petri.
Además, señaló que «Tandanor es una empresa estratégica de la defensa y la tarea desplegada llamativamente no tenía que ver con el mantenimiento de buques, con la construcción de buques, no tenía que ver con remolcadores, no tenía que ver con el ARA Parker en donde se pagaron 8 millones de dólares, no tenía que ver con el ARA Petrel, sino para construir 1800 pérgolas, 600 refugios de ómnibus, y 5250 bicicleteros» para municipios del Gran Buenos Aires.
En relación a los drones, Petri indicó que «más de 21 millones de dólares en proyectos para la realización de drones» no se reflejaron en la fabricación nacional de estos dispositivos. «Hoy no tenemos un solo dron de fabricación nacional y el desafío es tener, fabricar, producir drones en la República Argentina para que posibiliten el control y vigilancia de nuestras fronteras, el control y vigilancia de nuestro espacio aéreo marítimo», añadió.
Además, detalló que en FADEA, «más de 260 millones de dólares que se pagaron en el anterior gobierno, no encontraron devolución en prestaciones concretas. Así hoy nos faltan los aviones, los IA 100, los Pampa y nos faltan los remolcadores que nos deben y también esos recursos muchas veces iban a cubrir los déficits de las empresas de la defensa y así es como más de 160 millones de dólares fueron a cubrir déficits operativos».
Petri enfatizó que «esa Argentina en donde los recursos que se destinaban para la defensa iban a la fabricación de pérgolas no va más, esa Argentina, en donde los recursos de las Fuerzas Armadas terminaban en cajas de la política se terminó, se acabó».
Ante esta situación, se han solicitado auditorías a la Fábrica Argentina de Aviones, al Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor y a Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE), con el objetivo de analizar la presentación de acciones judiciales. En particular, se investiga el alcance de los convenios del Gobierno, a través de la Fuerza Aérea y la Armada Argentina, con FADEA y Tandanor para la incorporación y modernización de 17 aeronaves Pampa y Pucará y unas 14 embarcaciones, destacando la corbeta ARA Parker.
Entre 2020 y 2023, el Ministerio de Defensa transfirió unos 166.391.225 dólares a Fabricaciones Militares y a la Fábrica Militar de Aviones, lo que también está bajo investigación.