Desapareció un «narco disfrazado de testigo» y se complica la situación de un abogado que difundió sus datos
Luego de confirmarse la desaparición de Fernando Sebastián «Morenita» Marín, condenado por narcotráfico en la reconocida causa Operativo Sapucay, versiones complican al abogado defensor y ex jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra por la divulgación de los datos de identidad de un testigo protegido.
El martes pasado, Marín desapareció de los ojos de la Justicia por segunda vez tras su polémica huída en 2017 cuando protagonizó una balacera contra gendarmes. El condenado gozaba de prisión domiciliaria en una ubicación secreta, con su pareja y sus cinco hijos, bajo requerimiento del Ministerio Público por la posibilidad de que declare como testigo.
La desaparición de Marín llega luego de que el abogado defensor del secretario Federico Grau, Aníbal Ibarra, difundiera durante la audiencia de debate del pasado 1 de febrero -en el marco del actual juicio oral que se desprende de la causa base- el nombre de Renzo Jesús Molina, un hombre que aparece mencionado en múltiples escuchas telefónicas citadas como prueba de cargo y que, se asumió, es un vendedor de narcomenudeo que cuenta con la protección de Gendarmería por actuar de informante.
En sus declaraciones, Ibarra acusó a fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) por utilizar los relatos de un acusado por narcotráfico y hacerlo pasar como testigo de identidad reservada en una causa contra el ex juez federal correntino, Carlos Vicente Soto Dávila.
Cabe resaltar, en este sentido, que el mencionado por Ibarra es Renzo Jesús Molina quien sería Marín con otra identidad otorgada por el programa de protección a testigos: «Está nombrado en la causa como narcotraficante y tiene varias conversaciones con miembros de la banda, en las que aparece comercializando o interviniendo en el tráfico de drogas».
Es con estos fundamentos que el ex jefe de gobierno denunció a los fiscales de la PROCUNAR de conocer la identidad del testigo protegido y su vinculación narco. «Utilizaron la reserva de identidad para que no se advirtiera la maniobra. Ahora todo quedó al descubierto», señaló. Molina, en tanto, figura en los expedientes como que su primera declaración testimonial fue en marzo de 2017, y con la que incriminó a Soto Dávila -quien terminó renunciando y con prisión domiciliaria- y a sus colaboradores, entre los cuales acusó a su secretario Federico Grau.
En específico, la acusación a los funcionarios judiciales donde también se vieron involucrados fuerzas de seguridad, es la de «conformar una organización criminal dedicada a cometer diferentes delitos contra la administración de justicia para garantizarle la impunidad a personas vinculadas con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes».
Así las cosas, con la reciente desaparición de Marín y su vinculación con el nombre de Renzo Jesús Molina, se supo por parte de fuentes judiciales correntinas con vinculación al expediente, que Molina había presentado una denuncia formal contra Ibarra el pasado 2 de febrero -un día después de que el abogado difundiera sus datos a pesar de ser testigo protegido- por haber blanqueado ante la opinión pública su nombre y acusarlo de narco.
En la denuncia que presentó Molina ya había advertido que estaba siendo víctima de actividades extrañas fuera de su domicilio particular y que observaba movimientos inusuales de vehículos en cercanías a su domicilio particular, lo que -manifestó- le causaba temor por su seguridad y la de su familia.
Casi 20 días después de lo sucedido, «Morenita» desapareció luego de obtener un permiso de la Justicia para ir a realizarse un chequeo a un hospital del conurbano bonaerense. Hasta el momento, fuentes consultadas barajan dos opciones: su fuga voluntaria, o la posibilidad de haber sido víctima de un violento hecho a modo de represalias.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal N°3 ya ordenó la captura nacional e internacional de Marín y también se solicitó a Interpol que inicie su búsqueda.