Grupos civiles bolivianos manifestaron este jueves en las principales ciudades del país en rechazo a la postulación a un cuarto mandato sucesivo del presidente Evo Morales, en el poder desde 2006, en medio de llamados a la desobediencia civil y a una huelga indefinida.
Manifestantes en La Paz pidieron la dimisión de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dieron luz verde a la candidatura de Morales para las elecciones de 2019 y llamaron a preparar una huelga nacional indefinida, sin precisar una fecha.
En Santa Cruz (este), epicentro de las manifestaciones anti- Evo, el principal líder cívico Fernando Cuéllar, proclamó que «hay un pueblo de pie en todas las ciudades del país defendiendo la Constitución Política y resistiendo que se perpetúen en el poder».
En una primera mención del conflicto, el presidente Morales dijo en un acto en Cochabamba (centro) que con las protestas «la derecha engaña al pueblo y a sus seguidores».
En varias ciudades bolivianas, los grupos de activistas bloquearon calles con banderas bolivianas y pancartas con la leyenda «Bolivia dijo No» -en referencia al referéndum de 2016 en el que se consultó sobre la reelección de Morales-, interrumpiendo el tráfico de vehículos, pese a lo cual el comercio y la banca continuaban con sus labores habituales, según constató la AFP.
El Ministerio de Gobierno (Interior) calculó que unos 5.000 activistas participan en los bloqueos en todo el país.
La oposición a Morales subió de tono, luego de que el TSE habilitara el martes al mandatario para las primarias partidarias de enero, antesala de las elecciones generales de octubre de 2019.
Los ministros de Gobierno (Interior), Carlos Romero, y de la Presidencia, Alfredo Rada, minimizaron los bloqueos e incluso señalaron que en el país se trabaja con normalidad.
«Los resultados no son ni mucho menos lo que sus organizadores estaban buscando», afirmó Rada, mientras que Romero declaró que «la situación del país es de normalidad; en todo caso queremos celebrar la vocación de trabajo de la población».
Al final de la jornada, Romero denunció la muerte de una persona de 52 años en Riberalta (noreste) producto de un paro cardíaco mientras discutía con grupos de manifestantes.
Al caer la tarde, las protestas cesaron y las ciudades recuperaron una completa normalidad.
«No hay independencia de poderes»
Mientras, tres prominentes activistas de derechos humanos coincidieron en llamar a la «desobediencia civil».
«No existe independencia de poderes y el pueblo queda en absoluta indefensión. A partir de ahora emerge el legítimo derecho a la rebelión y a la desobediencia civil», afirmó el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín.
Rolando Villena, también exdefensor del Pueblo, afirmó que si Morales «no respeta el voto popular, el pueblo está en el derecho a tener todos los mecanismo que están a su alcance para que, mediante la desobediencia civil, se rebele pacíficamente».
En la misma dirección apuntó la octogenaria presidenta de la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la exmonja católica española Amparo Carvajal.
«Una batalla democrática»
Con el fallo, el TSE puso «en duda las bases de la democracia» y estableció «un futuro incierto para los bolivianos», advirtió el miércoles la Iglesia católica en un comunicado.
Mientras, el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), principal contendor de Morales en las elecciones previstas para octubre de 2019, arengó a desplegar «una batalla democrática que vamos a ganar».
Jefe de un partido de centro Sol.bo, el alcalde paceño Luis Revilla, que apoya la candidatura de Mesa, dijo que «lo que queda ahora es resistir (y) volcarnos a las movilizaciones, para evitar que esta decisión se consuma».
Otro líder opositor, Samuel Doria Medina, derrotado tres veces en las urnas por Morales y que para 2019 retiró su postulación en favor de un candidato único de la oposición, llamó «a la unidad para frenar la dictadura».
Tras el fallo del TSE, que faculta a Morales a ir a primarias, donde no tiene rival, y consecuentemente presentarse en los comicios de octubre de 2019, la oposición se quedó virtualmente sin posibilidades de vetar por la vía legal su candidatura.
Morales perdió en febrero de 2016 un referendo para su reelección, pero logró a fines de 2017 que el Tribunal Constitucional autorice su candidatura para el período 2020-2025, arguyendo que postular es su derecho humano.