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Publicado | Nacional
El tercer Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ya había generado dudas sobre su pago, que finalmente se efectivizó. Y se abrió el debate en el gobierno nacional sobre el otorgamiento de un cuarto pago de $10 mil, cuya definición se alarga y el anuncio se hace esperar.
Lo admitió hace unos días el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien señaló todavía está «en discusión» ese beneficio.
Pero el funcionario adelantó: «Lo que va a haber es una herramienta para seguir asistiendo. Mientras haya poblaciones que requieren asistencia, mientras la población siga afectada por un fenómeno del Medioevo en el siglo XXI».
Es que en el Gobierno va cobrando forma la idea de transformar ese subsidio en un programa de capacitación y empleo para jóvenes.
Aunque hay muchas coincidencias entre los funcionarios de las carteras involucradas, no terminan de ponerse de acuerdo respecto al alcance y su implementación operativa.
La iniciativa que suena más fuerte apunta a pagos mensuales de $17.000 para unos tres millones de personas, lo que equivaldría a seis millones menos de beneficiarios respecto al IFE que se viene desembolsando en forma más bien bimensual.
En cuanto a quienes deberían cobrar el nuevo subsidio, buscarían folcalizarlo en los menores de 24 años, a diferencia del rango etario mayoritario actual del IFE que se concentra entre 25 y 34 años.
Desde el kirchnerismo, se ha visto con mejores ojos la posibilidad de que la nueva asistencia sea bajo el formato de una renta básica universal. La funcionaria que está en el diseño de esta posibilidad es Fernanda Raverta, la titular de la Anses.
«La pandemia va ofreciendo una realidad distinta para analizar. Por eso no podemos decir ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser. Lo que hacemos todo el tiempo es revisar en función de la salud y la situación económica y a partir de ahí tomar las decisiones», afirmó la directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta.
Sin definiciones, el debate sigue sin anuncios sobre el IFE 4 y con algunas voces del kirchnerismo y el visto de bueno de organizaciones sociales para convertir ese beneficio en una renta básica universal.