La Justicia rechazó la prisión domiciliaria de Jaime que había avalado el Gobierno
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó hoy la prisión domiciliaria del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, preso por una condena a ocho años de prisión, la cual había sido pedida por la Secretaría de Derechos Humanos, al considerar que corría riesgo frente al coronavirus.
Lo hizo el Tribunal luego del pedido hecho por la defensa junto al que adhirió la cartera que dirige Horacio Pietragalla, quien además también impulsó un pedido de excarcelación sobre Martín Báez y la domiciliaria de Luis D’Elía.
El rechazo fue firmado por los jueces de la Sala III, Liliana Catucci, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi.
María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, víctima fatal de la tragedia ferroviaria de Once, y diputada nacional por la provincia de Buenos Aires había criticado el pedido de Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, para que le otorguen prisión domiciliaria a Ricardo Jaime.
«Pietragalla (secretario de Derechos Humanos de la Nación) es un funcionario de este Gobierno y salen a bancar delincuentes. La corrupción no es un delito menor», expresó María Luján Rey.
En declaraciones radiales, sostuvo que la presentación del secretario de Derechos Humanos «pidiendo por un beneficio para Jaime» pone «en alerta» a la oposición.
«Nos sorprendió el pedido. Nosotros nos opusimos, lo preocupante es la actitud del gobierno Nacional», subrayó.
El pedido oficial
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación indicó que la solicitud de prisión domiciliaria de Jaime se realizó a partir de una presentación ante el organismo de la defensa del ex funcionario, y explicó que la petición se hizo «teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos» frente al brote de coronavirus.
«La Secretaría de Derechos Humanos no actúa de oficio en este tipo de presentaciones, sino que toma intervención ante reclamos concretos realizados por damnificados, familiares o abogados de personas que aducen violaciones a sus derechos humanos», aclaró el organismo estatal.
A través de un comunicado, la Secretaría señaló que fue la defensa de Jaime la que «acudió» para «plantear el caso» bajo el argumento de un «delicado estado de salud de la persona detenida, agravada por su edad, y la irrupción de la pandemia del COVID-19; manifestando que los anteriores rechazos judiciales ponían en riesgo la salud e incluso la vida del imputado».
«Teniendo especialmente en cuenta las recomendaciones notificadas frente al brote de coronavirus por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino, acerca de la conveniencia de otorgar prisiones domiciliarias a las personas en grupos de riesgo, sumado a que Jaime no cuenta con una condena firme en su contra y comprobado su estado de salud, es que esta Secretaría propició, a través del amicus curiae, el pedido de prisión domiciliaria», consignó el organismo.
Además, la Secretaría de Derechos Humanos destacó que «en ningún momento emitió opinión acerca de la culpabilidad o inocencia de Jaime, sino que simplemente se pronunció acerca de su derecho a la prisión domiciliaria».
«Todas las presentaciones de la Secretaría se dan en el marco de sus funciones sobre el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general», añadió el texto.
Por último, subrayó que «cada presentación realizada, incluida la de Jaime, es elaborada señalando antecedentes de condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina por casos similares, para evitar que el Estado sea sancionado nuevamente».
Jaime fue condenado -sin sentencia firme- a ocho años de prisión por el choque del tren del ferrocarril Sarmiento en la estación de tren de Once, que causó 51 muertos en febrero de 2012.
Además, el ex funcionario es sometido a juicio oral por supuesto enriquecimiento ilícito y por la presunta compra de material chatarra para el ex ferrocarril Belgrano Cargas, entre otras causas, aunque en esta última investigación tiene prisión preventiva.