Salario Mínimo: convocatoria formal para forzar suba de 28%
El Gobierno convocará para el jueves próximo al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), con una dificultad de raíz: una distancia insalvable entre el propósito oficial de aumentar el piso en la línea más cercana al 28% que logró imponer en paritarias entre gremios afines y la premisa de la CGT de acercar el valor a los 30 mil pesos que cuesta la canasta básica, lo que representaría un ajuste de 140 por ciento. Para el Ejecutivo no se trata sólo de una postura principista: con la variación del piso salarial están atados los ingresos de docentes, jubilados y beneficiarios de planes sociales.
A partir de esa distancia la discusión se encamina a seguir los pasos de la del año pasado, cuando terminó con una resolución unilateral de la administración de Mauricio Macri y sin acuerdo del sindicalismo. El año pasado el Consejo culminó con una suba escalonada del 25% que llevó el mínimo a los actuales 12.500 pesos. En lo formal, el piso de ingresos rige para un universo limitado de trabajadores no alcanzados por un Convenio Colectivo (se calcula que son unos 200 mil) y de manera indirecta, como orientación para los asalariados informales.
El rol central del salario mínimo, sin embargo, pasa por los sectores atados a su movilidad anual sometida al debate que convocará para el jueves próximo el Ministerio de Producción y Trabajo con la participación de 16 representantes de las principales cámaras empresarias y otros tantos de las centrales obreras: desde 2016 existe una normativa según la cual los salarios docentes deben estar siempre 20% por encima del piso formal; de igual forma, la variación del SMVyM dispara en igual porcentaje hacia arriba el valor de los planes sociales, y también engancha los haberes jubilatorios que nunca pueden quedar desfasados de ese ajuste.
De ahí la preocupación mayúscula del Gobierno por evitar un incremento muy por encima del 28% que como pauta de referencia logró imponer en negociaciones salariales entre gremios -hasta hace unos meses- aliados. Más allá del posible impacto favorable sobre los ingresos en sectores sensibles, para el Ejecutivo acceder a un ajuste mayor implicaría comprometer al sector público con un desembolso no previsto para los casos de jubilados y perceptores de planes, y a las provincias respecto de los trabajadores de la educación.
“Es un consejo de diálogo con cámaras y sindicatos, vamos a discutir todas las cuestiones que pueden ser traídas a ese lugar”, dijo ayer el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien reconoció “que hay un atraso” en ese ítem luego de la suba del año pasado comparada con una inflación interanual que superó el 57 por ciento en igual período. El funcionario dijo estar “seguro” de que en esta ocasión el debate concluirá con una “solución de consenso”.
En la CGT, en tanto, la discusión de la semana próxima pasó a un plano secundario respecto del desbarajuste cambiario de esta semana tras el resultado adverso al Gobierno en las Primarias del domingo. Y, peor, ante la reacción de Macri expuesta primero en una conferencia de prensa el lunes, cuando rezongó contra el voto adverso, y luego ayer al pedir perdón y manifestarse abierto al diálogo con la oposición.
Aunque la central que conducen Héctor Daer y Carlos Acuña acudirá al debate del jueves en la mesa de conducción dijeron sospechar que ninguna medida económica orientada sólo al consumo alcanzará para mitigar la corrida cambiaria y la incertidumbre en los mercados. Mencionaron, en ese sentido, la necesidad de una vuelta a la regulación de la venta de divisas y hasta de las retenciones al agro como métodos más efectivos para frenar la sangría de dólares.