Documentos vinculan al «amigo» de Alberto Fernández con estafas en seguros de organismos públicos
El nombre de Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada presidencial durante la gestión de Fernández, aparece en documentos que demuestran que diversas áreas bajo la responsabilidad política directa del Presidente solicitaron durante los cuatro años que Sosa fuera designado como intermediario en los seguros contratados con una empresa pública, Nación Seguros.
La investigación que inició Osvaldo Giordano antes de su salida de ANSES destapó una serie de graves irregularidades ligadas con los seguros que contrataba el ente destinado a favorecer a empresarios ligados al Gobierno anterior.
El mecanismo era el siguiente: se obligaba a los organismos estatales a contratar exclusivamente con Nación Seguros y luego se colocaron productores para «intermediar» y obtener comisiones estrafalarias a cambio de servicios sin un sentido aparente.
Ahora bien, uno de estos intermediarios se trata de Héctor Martínez Sosa, marido de la secretaria privada presidencial durante la gestión de Alberto Fernández, María Cantero, y con quien el entonces presidente mantenía una relación personal y comercial, que está plasmada en el préstamo que le concedió, por ejemplo, en 2023.
La situación del exmandatario nacional, quien se jactó en varias ocasiones que terminaba su Presidencia sin tener ninguna causa de corrupción en su contra, podría complicarse. El medio La Nación accedió a varias documentaciones que prueban que las distintas áreas que respondían políticamente o directamente del Presidente, solicitaron durante los cuatro años de gestión que Héctor Martínez Sosa sea puesto como intermediario de seguros que se contrataban con Nación Seguros.
Según estos papeles de carácter reservado, Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Casa de la Moneda, el Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Servicios de Salud, entre otras dependencias, pidieron contratar a Martínez Sosa.
El procedimiento requería que solicitaran el servicio directamente a Nación Seguros mediante una carta firmada. Las comisiones podían llegar hasta el 25%.
Para tener una idea del flujo de dinero que llegaba a las cuentas del amigo del entonces Presidente, La Nación señala que en el caso de la Gendarmería, se estimaba que podía ascender hasta los $ 900 millones mensuales, lo que equivale aproximadamente a $ 30 millones diarios en un negocio garantizado, dado que la entidad estatal estaba obligada a contratar exclusivamente con Nación Seguros.
En aquel momento, la comisión acordada era del 15%; sin embargo, cuando Nación Seguros intentó reducirla al 10% debido a las pérdidas que generaba la cuenta, Martínez Sosa trasladó al cliente a La Caja Seguros argumentando que las contribuciones para el seguro de los gendarmes eran voluntarias. Desde la empresa estatal argumentaron que esto infringía el decreto de Fernández que estipulaba que todas las entidades públicas debían contratar con Nación Seguros, ya que el tomador era la Gendarmería y no sus empleados.
El Ministerio de Seguridad y la Gendarmería contrataron los servicios de Bachellier SA, una de las empresas asociadas de Martínez Sosa. La intermediación fue solicitada mediante carta a Nación Seguros y fue firmada, en el primer caso, por la subsecretaria de gestión administrativa, Ana Haydeé Flamarinque, y en el segundo caso, por el comandante general Andrés Severino.
Ambas solicitudes fueron resueltas entre septiembre y octubre de 2020. La mayoría de los contratos de seguridad fueron otorgados a Martínez Sosa. El 20 de diciembre, Martín Siracusa, director administrativo de Patricia Bullrich, canceló la inscripción de los productores y se llevó a cabo una maniobra para excluir al Servicio Penitenciario Federal debido a la «confusión» sobre si dependía del Ministerio de Defensa o de Seguridad. Se solicitó una corrección para dejar claro que el productor no continuaría operando en ese ministerio.
Otro caso que también llama la atención es el de la Casa de la Moneda, que contrató directamente los servicios de la empresa de Martínez Sosa. La solicitud fue firmada por el presidente de la entidad, Ángel Mario Elettore, el 21 de marzo de 2023, después de que el acuerdo fuera previamente cancelado y se solicitara su reactivación. También en marzo de 2022, la Superintendencia de Servicios de Salud solicitó los servicios de su empresa, firma que llevó el superintendente, Alejandro López.
Cabe recordar que el Gobierno de Javier Milei decidió dejar sin efecto la medida que permitía la intermediación de brokers privados en la contratación de seguros estatales.