Tensa transición de gobierno en Chaco: acusaciones mutuas con Capitanich y Zdero como protagonistas
Los pases a planta y la situación financiera de la provincia son ejes de las fuertes discrepancias entre el gobierno saliente y el entrante.
El pasado viernes, durante una conferencia de prensa, el gobernador electo Leandro Zdero habló de un «operativo retirada» del Gobierno saliente y habló de un «Estado quebrado». Sus definiciones no pasaron inadvertidas por Jorge Capitanich y terminaron siendo un preludio de los cruces que en los últimos días se produjeron entre funcionarios y diputados.
Zdero también aseguró, haciendo alusión a la gestión actual, que «van a dejar un Estado estallado, un Chaco difícil de poder encaminar«. La respuesta no se hizo esperar y fue el propio gobernador saliente quien le respondió y lo acusó de «quebrar reglas de convivencia democrática» al considerar que es falso que recibe un «Estado quebrado».
«Las mentiras, injurias y calumnias le han permitido ganar las elecciones pero no voy a permitir ni la degradación de las instituciones ni la falsedad ni mucho menos el agravio gratuito», continuó el mandatario quien defendió su gestión y dijo que en su primer mandato sufrió un «operativo retirada» con 8000 pases a planta en Gobierno y en el Municipio de Resistencia con 5000 pases a planta y jornalizados.
Justamente son los pases a plantas lo que generaron en las últimas horas acaloradas discusiones. El bloque de diputados de la UCR, con Livio Gutiérrez a la cabeza, presentó este miércoles un escrito ante la Fiscalía de Estado para que revise unos 5 decretos del Ejecutivo estableciendo la efectivización laboral de empleados públicos.
La pretensión de los legisladores de Juntos por el Cambio es que se declare la inconstitucionalidad de las decisiones del Ejecutivo ya que consideraron que son contrarias a la Constitución o perjudican los intereses de la provincia. «Comprometen a la gestión futura porque terminan en el año 2024, el concurso de antecedente incluso hace referencia del año 2023 a 2030», dijo Gutiérrez.
Además, sobre el proceso de transición, desde la oposición manifestaron que existen «respuestas parciales» de Tesorería y Contaduría respecto al estado actual de empresas públicas como SECHEEP y SAMEPP, además de la situación de la obra pública.
La respuesta nuevamente no se hizo esperar, el actual ministro de Economía y diputado electo, Santiago Pérez Pons, dijo que «el radicalismo vive de la mentira y la improvisación» y consideró «irracional» el pedido de inconstitucionalidad de los pases a planta ya que los mismos fueron «acordados bajo convenio colectivo de trabajo y acuerdo paritario entre el Poder Ejecutivo y todos los gremios firmantes».
Según detalló Pérez Pons, la regularización laboran corresponde a de porteros de escuelas, trabajadores sociales en centros de desarrollo infantil o residencias de adultos mayores y enfermeras en centros de atención primaria, entre otros. «Su tendencia a ir por el camino de los diarios, Twitter y Facebook es inquebrantable», le cuestionó a Gutiérrez.
El último cruce se produjo la tarde este miércoles en la Cámara de Diputados, allí Alejandro Aradas y Claudia Panzardi se cruzaron por la expropiación de un terreno hace más de una década.
La diputada e intendente electa de Laguna Blanca pidió que se vote el proyecto de expropiación para que en consecuencia puedan acceder a la regularización dominial ya que sobre varias de las familias asentadas en el terreno que abarca los barrios Mapic y Don Santiago pesa una orden de desalojo. «El Gobierno de alguna manera legitimó la manera en la que viven esos vecinos, antes del 17 de septiembre funcionarios bajaron a esas chacras entregando heladeras, cocina, medicamentos, merenderos y demás. Esto tiene que ver con una legitimación del Gobierno, y si hay eso, también debe venir acompañada de una solución», contestó Aradas.
El cruce se prolongó por varios minutos y entre ambos se acusaron de «sartas de mentiras».