La Asociación de Magistrados Nacionales y la FAM cuestionaron la idea de que jueces paguen Ganancias
El jueves en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside Carlos Heller, el diputado oficialista Marcelo Casaretto propuso agregar un artículo al Presupuesto 2023 en el que se establezca que jueces, fiscales y empleados judiciales abonarán el Impuesto a las Ganancias.
Con ese artículo incluido, el proyecto obtuvo dictamen favorable con el acompañamiento del Frente de Todos más el apoyo de algunos diputados de la Unión Cívica Radical. La sesión para debatir en el recinto el Presupuesto fue convocada para el próximo martes.
El agregado respecto a ganancias generó un unánime rechazo dentro de magistrados y funcionarios judiciales, que entre otras cosas afirman que se «pretende -una vez más- violentar la cláusula constitucional que protege los salarios del Poder Judicial y los Ministerios Públicos «.
Así lo expresó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional a través de un comunicado que lleva la firma de su Presidente, Marcelo Gallo Tagle, y de su secretario General, Marcelo Peluzzi.
A su vez, añaden que «como consecuencia de ello, se informa en primer término a sus asociados/as que los miembros del Consejo Directivo nos encontramos convocados en sesión permanente, conscientes de la gravedad de la afectación que se pretende en términos de avasallamiento, y en contacto todos los espacios con un objetivo común».
«Como hemos señalado en ocasiones anteriores, el salario no es ganancia ni un privilegio», cerraron.
Por su parte, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) también se manifestó al respecto y exteriorizó su postura contraria a la iniciativa con otro comunicado que a la vez fue difundido por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco.
«La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresa públicamente su preocupación y rechazo a la incorporación de un artículo al dictamen del presupuesto vinculado con la tributación de Ganancias por parte de las y los integrantes de los poderes judiciales que no se encuentran alcanzados por ese impuesto, tal como fuera decidido por el Honorable Congreso de la Nación en la ley 27.346 de diciembre de 2016», comienzan.
A su vez, añaden: «Cabe recordar que en dicha ocasión y durante la discusión parlamentaria se entendió que modificar la situación de los que ya prestaban servicios resultaba una medida que afectaría gravemente la intangibilidad de las remuneraciones constitucionalmente garantizada».
«La modificación legislativa intempestiva e inconsulta del régimen de ganancias se traduciría en una afectación confiscatoria de los haberes de los prestadores del servicio de justicia y constituye un avance sobre la independencia judicial, como ya lo ha expresado nuestra Federación en la discusión del año 2016 y en el embate del año 2018», indica también el comunicado de la FAM firmado por la Presidente, Marcela Ruiz, y el secretario General Christian Fabio.
En ese sentido, indicaron que «la reiteración de intentos de reformas legislativas no hace sino introducir incertidumbre e inseguridad jurídica sobre los operadores judiciales. Y la persistencia de los órganos políticos gubernamentales en la implementación de este tipo de medidas por ende no hace más que poner en riesgo el equilibrio de poderes indispensable para el normal funcionamiento del sistema republicano y democrático de gobierno, menoscabando la intangibilidad de las remuneraciones de las/los magistrados que es una garantía de rango Constitucional destinada a asegurar a la sociedad un Poder Judicial independiente».
«La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial rechaza que el camino para revertir la preocupante realidad de nuestro país sea debilitar los marcos institucionales, la división de poderes y la palabra de los/as representantes. En los momentos acuciantes es necesario, más que nunca reforzar la institucionalidad, que siempre es el marco que permite encauzar cualquier situación y mantener vigentes las bases del Estado Constitucional de Derecho», cerraron.