Juicio por obra pública: la Fiscalía aseguró que «hubo un plan delictivo por parte de las autoridades»
Este viernes el fiscal federal Diego Luciani presentó sus alegatos en lo que fue la sexta jornada de alegatos del juicio llamado «causa Vialidad» por presuntos delitos relacionados la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. En dicha audiencia, la fiscalía respondió de forma oral a los pedidos de recusación por parte de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner.
Tras las acusaciones para tres de los magistrados a cargo del caso, el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Luciani y Sergio Mola, el primero se refirió a la estrategia de la vicepresidenta centrada en el lawfare: dijo que era un «argumento falaz» y que con las recusaciones sólo «buscaban callarlos», que era más bien una respuesta «a la evidencia y pruebas expuestas en los alegatos que no es acorde a lo que desean».
Después de esta dura respuesta, comenzaron los alegatos correspondientes a la causa.
Luciani explicó que cuando Cristina Kirchner declaró en el juicio oral dijo que todo lo vinculado a la obra pública era responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo, el encargado de aprobar los presupuestos que contenían esas obras.
Y en primera instancia, la Fiscalía afirmó que el 30% de las obras otorgadas a Lázaro Báez «no pasaron por el Congreso» y que para financiar esos contratos «se crearon circuitos administrativos carentes de todo control».
«El encargado de elaborar los proyectos de presupuesto y el encargado de controlar su ejecución es el Poder Ejecutivo. Ahí aparece la primera falacia, porque el que fija las metas del presupuesto es el Poder Ejecutivo», dijo Luciani y agregó: «Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se remitieron proyectos al Poder Legislativo de presupuestos subestimados, con información insuficiente, con incongruencias de las obras plurianuales para las empresas de Báez. El Poder Ejecutivo habilitó por medio de decretos de necesidad y urgencia, de decisiones administrativas, de permanente modificaciones, de ampliaciones o compensaciones de partidas cuantiosos fondos a las empresas de Báez. El control interno se caracterizó por la absoluta ineficiencia».
En ese mismo sentido, Luciani añadió: «La presidente de la Nación, el ministro de Planificación, el secretario de obras públicas y demás funcionarios comprometieron fondos nacionales a favor de Lázaro Báez por más de 2.000 millones de pesos sin darle aviso al Congreso nacional». Las demás obras que se informaron al Congreso «fueron subvaluadas y se ejecutó por un monto más alto de los presupuestado, más de 6.000 millones de pesos. Las obras se informaron mal, todos los valores superaron lo aprobado», sostuvo la fiscalía.
Así, «podemos asegurar el Congreso no contó con toda la información correspondiente a los fondos destinados a Santa Cruz, al grupo Báez, no se pudo ejercer control sobre esto».
Por otra parte, el funcionario judicial expuso el análisis de las 34 obras que sí fueron informadas al Congreso a través de las planillas anexas a la ley de presupuesto y en las cuales «había enormes incongruencias».
El fiscal Luciani señaló que en este conjunto de obras se repite un comportamiento: «Vemos una gran diferencia entre lo aprobado y lo que se terminó pagando. Eso fue financiado por el Poder Ejecutivo a través de decisiones administrativas de la entonces presidenta Cristina Fernández y en años anteriores, el entonces presidente Néstor Kirchner», dijo.
Las «severas incongruencias sólo buscan engañar al Congreso de la Nación», continuó alegando el fiscal. Todo esto «fue diseñado por los jefes de la asociación ilícita, la razón por la que se decidió mentir fue para ocultar la defraudación generada al Estado».
FONDOS «ENCUBIERTOS»
En esta línea, el representante del Ministerio Fiscal detalló el manejo de un fideicomiso «en el cual, luego una resolución firmada por Cristina Fernández, no se informó más sobre el uso de ese fondo fiduciario por parte de Vialidad Nacional». Esto, para la fiscalía, «da cuenta de la discrecionalidad y opacidad con la que se manejaban estos fondos».
Esto, indicó el fiscal, «fue parte del plan delictivo trazado por las máximas autoridades». «La omisión fue una decisión, fueron 17 obras omitidas en cada presupuesto remitido al Congreso año tras años y crearon vías alternativas de financiamiento», sostuvo.
Estas 17 obras «quedaron exentas de los controles públicos». Pero además «era imposible discriminar los fondos destinados, cuánto dinero se asignaba a qué obras concretas, algo que admitió Vialidad Nacional entre 2007 y 2015 las obras de Lázaro Báez recibieron el 35% de las transferencias discrecionales a las provincias», expresó la fiscalía.
EL JUICIO
En el caso se juzgan las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas viales que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner de 2003 a 2015. Son 13 los acusados. Además de Cristina Kirchner y Báez están siendo juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de la dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
La Fiscalía tiene nueve audiencias de alegatos. La última será el lunes 22 de agosto. Luego será el turno de los alegatos de cada defensa, que tendrán tres audiencias. Comenzará la de Báez y la de Cristina Kirchner será la sexta. La expectativa es que antes de fin de año el Tribunal Oral Federal 2 de a conocer si veredicto.