Contramarcha a favor de la Justicia tras el 1F: “El objetivo real que tienen es destruir la independencia de los jueces”
El jueves 3 de febrero se realizó una movilización a favor de la Justicia presentada como contramarcha a lo que fue el 1F cuando sectores ligados al gobierno pidieron la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esta movilización en favor de la justicia fue convocada por agrupaciones de abogados, sectores de la justicia y ciudadanos en general y además participaron varios dirigentes del arco opositor.
Entre los presentes estuvieron los diputados del PRO Fernando Iglesias, Waldo Wolff, María Luján Rey y Pablo Torello, el radical Álvaro de Lamadrid, los legisladores Ricardo López Murphy y Yamil Santoro de Republicanos Unidos y José Luis Espert de Avanza Libertad. También estuvo el periodista Baby Etchecopar. Otros apoyaron la manifestación en redes sociales, como Patricia Bullrich.
La manifestación fue frente al Palacio de Justicia, mismo lugar donde se había realizado la marcha en contra de la CSJN.
Algunas de las consignas que se vieron en el lugar fueron “Justicia Independiente por una república democrática”; “Exigimos Justicia, basta de impunidad. Mafia o República” y “Respeto a la división de poderes”.
«Adherimos para manifestar nuestro apoyo al sistema institucional de Gobierno, a la división de poderes. Este intento de coacción a la Corte Suprema no puede dejarse pasar. Es importante manifestar el apoyo a la República y sus instituciones», manifestó López Murphy en el lugar.
Por su parte, Espert pidió la “más estricta división de poderes” y explicó que “esto significa la independencia total del Poder Judicial y esto significa que la política no tiene que meterse con la Justicia. Estamos acá en defensa de esa independencia”.
“El kirchnerismo no quiere ninguna reforma judicial que garantice la independencia del Poder Judicial, el kirchnerismo quiere impunidad, por eso su avance sobre la Justicia” añadió el diputado de Avanza Libertad.
Por su parte, Patricia Bullrich, presidente del PRO afirmó que “no permitiremos más avasallamientos. Vamos a sostener una justicia independiente”.
La diputada nacional de esa misma fuerza María Eugenia Vidal había lanzado el mismo 1 de febrero: “No jodan más con las instituciones”.
Además, los convocantes emitieron una “Declaración en defensa de la independencia judicial” en donde dejaron varios conceptos. “Nos hemos reunido hoy aquí, por iniciativa de profesores de derecho de todo el país, para manifestar nuestra voluntad de que se respete el imperio de la Constitución Nacional y la forma republicana de gobierno”, comienza el escrito.
Consideraron que “la marcha que tuvo lugar el 1 de febrero pasado y las palabras que en ella y en otros ámbitos expresaron prominentes figuras del oficialismo de turno, nos indican que no se persiguen solamente reformas dentro del sistema constitucional, sino un verdadero repudio de nuestra Constitución y un cambio de régimen que le abra las puertas a variadas formas de autoritarismo”.
“La embestida contra la independencia del Poder Judicial en general y contra la Corte Suprema en particular es fundamental dentro de esa estrategia. Se le reprocha un supuesto mal funcionamiento a la Corte, pero el objetivo real es destruir la independencia de los jueces y conformar un nuevo tribunal, completamente subordinado al Poder Ejecutivo”, afirmaron.
Y agregaron: “La pretensión de quienes, con el ominoso aval del Poder Ejecutivo, creen que es válido echar a los jueces o presionarlos para que renuncien mediante una pueblada excede el ejercicio de la libertad de expresión y pasa a ser una conducta sediciosa”
El comunicado completo
Nos hemos reunido hoy aquí, por iniciativa de profesores de derecho de todo el país, para manifestar nuestra voluntad de que se respete el imperio de la Constitución Nacional y la forma republicana de gobierno.
Esta declaración debería ser sobreabundante en un país que desde el 10 de diciembre de 1983 y pese a sus múltiples problemas políticos, económicos y sociales, ha vivido regido por el orden constitucional. Sin embargo, la marcha que tuvo lugar el 1 de febrero pasado y las palabras que en ella y en otros ámbitos expresaron prominentes figuras del oficialismo de turno, nos indican que no se persiguen solamente reformas dentro del sistema constitucional, sino un verdadero repudio de nuestra Constitución y un cambio de régimen que le abra las puertas a variadas formas de autoritarismo.
La embestida contra la independencia del Poder Judicial en general y contra la Corte Suprema en particular es fundamental dentro de esa estrategia. Se le reprocha un supuesto mal funcionamiento a la Corte, pero el objetivo real es destruir la independencia de los jueces y conformar un nuevo tribunal, completamente subordinado al Poder Ejecutivo. Si esto se lograra, no haría falta una reforma constitucional para modificar de raíz los postulados básicos de la Constitución Nacional: bastaría que la Corte Suprema avalara cualquier abuso de poder.
No es casual que los ataques a la Corte recrudezcan luego de la declaración de inconstitucionalidad de la ley que organiza el Consejo de la Magistratura, órgano esencial para garantizar la independencia judicial. A eso se suma el envío por parte del Poder Ejecutivo al Congreso de un proyecto de ley de organización del Consejo de la Magistratura que insiste en desconocer la exigencia constitucional de equilibrio entre los representantes políticos, los jueces y los abogados.
Se menosprecia el profundo alcance de toda esta campaña cuando se limita su finalidad a una búsqueda de impunidad. Ella es, por cierto, el primer objetivo, pero la meta ultima es sentar las bases de un populismo autoritario similar al que rige en países que el oficialismo ha adoptado como modelos. Seríamos muy ingenuos si no tomáramos en serio las palabras y los gestos que de modo indudable apuntan en esa dirección.
No nos hemos reunido para defender ninguna conformación particular de la Corte ni a ninguno de sus miembros, sino para exigir el más escrupuloso respeto de las reglas constitucionales, especialmente la independencia del poder judicial. La Constitución establece cuáles son las causas, los procedimientos y las mayorías necesarias para remover a los jueces del alto tribunal. Estos gozan, como todos los jueces, de estabilidad en sus cargos, como una de las garantías de su independencia. De ahí que su remoción sea entendida como un acontecimiento sumamente excepcional, fundado en causas muy graves, y que no pueda ser adoptada por una mayoría circunstancial.
Cualquier ciudadano puede criticar los fallos de la Corte. Los profesores de derecho que formularon esta convocatoria lo hacen habitualmente, en clases, conferencias, artículos o libros. Pero la pretensión de quienes, con el ominoso aval del Poder Ejecutivo, creen que es válido echar a los jueces o presionarlos para que renuncien mediante una pueblada excede el ejercicio de la libertad de expresión y pasa a ser una conducta sediciosa, prevista por el artículo 22 de la Constitución Nacional: “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este comete delito de sedición”.
Agotado, felizmente, el ciclo de los golpes de Estado, nos enfrentamos ahora en la región a numerosas experiencias de vaciamiento del orden constitucional por parte de gobiernos elegidos democráticamente. El intento de forzar un cambio en la Corte a través de métodos prepotentes y fuera del marco contemplado en la Constitución es de una gravedad inusitada. Frente a esa operación no caben las actitudes contemplativas. Es necesario afirmar con vigor los valores democráticos y republicanos, que se asientan en la separación de poderes y el respeto a la Constitución Nacional. Un Poder Judicial que sea un mero apéndice del poder político será incapaz de garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales y de la democracia misma.
Solo bajo el imperio de la Constitución y las leyes la Argentina tendrá alguna oportunidad de superar su decadencia. Recordemos las palabras que pronunciara Fray Mamerto Esquiú al solicitar en Catamarca, en 1853, el juramento de la Constitución: “Los hombres se dignifican postrándose ante la ley, porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos».